La Sociedad Rural de Santa Fe emitió un comunicado dirigido a los productores ganaderos de la provincia en el que expresó su preocupación ante las invitaciones que numerosos establecimientos frigoríficos vienen realizando para adherir al sistema VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino), una iniciativa privada vinculada a los nuevos requisitos de trazabilidad y sostenibilidad exigidos por la Unión Europea para las exportaciones de granos y carnes a partir del 1 de enero de 2027.
Desde la entidad señalaron que, si bien en las comunicaciones difundidas se destaca que la adhesión inicial al sistema es gratuita, existen aspectos que merecen ser evaluados con detenimiento antes de tomar una decisión.
Según explicaron, el registro de ingreso no representa un costo para el productor, pero las certificaciones y validaciones que eventualmente podrían ser requeridas para operar dentro del esquema sí tendrían costos asociados que deberían ser afrontados por los usuarios. La Sociedad Rural consideró que esta situación no siempre es explicitada con la claridad necesaria y que resulta fundamental que los productores cuenten con toda la información disponible antes de comprometerse con el sistema.
Acceso y utilización de datos
Otro de los puntos planteados por la institución está relacionado con el tratamiento de la información de los productores. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, la adhesión a VISEC y a otras plataformas de características similares implica autorizar el acceso a información personal, fiscal y comercial que obra en organismos públicos.
Esta autorización permite que determinados datos puedan ser compartidos con entidades certificadoras encargadas de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los distintos esquemas de trazabilidad.
La entidad recordó que la base normativa de este mecanismo se encuentra en la Resolución N.º 50/2024 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, publicada el 1 de octubre de 2024, que establece los procedimientos de intercambio de información necesarios para la implementación de estos sistemas.
Esperar mayores precisiones
Ante este escenario, la Sociedad Rural de Santa Fe recomendó a sus asociados analizar cuidadosamente las implicancias de la adhesión y evaluar la conveniencia de esperar hasta contar con mayores definiciones sobre los alcances operativos, económicos y legales que tendrá el sistema en su funcionamiento pleno.
La institución sostuvo que aún existen aspectos que requieren precisiones y consideró prudente que los productores dispongan de información completa y transparente para adoptar decisiones que puedan impactar sobre su actividad productiva y comercial.
Una alternativa provincial en desarrollo
En el comunicado también se destacó que la Provincia de Santa Fe se encuentra avanzando en el desarrollo de una plataforma propia destinada a la trazabilidad y validación de información productiva.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, esta herramienta tendría carácter gratuito para los productores y se presentaría como una alternativa de gestión pública frente a los sistemas privados que actualmente se encuentran en proceso de implementación.
Por este motivo, la Sociedad Rural entiende que resulta razonable aguardar la definición y puesta en marcha de las herramientas provinciales antes de comprometer información productiva, comercial y patrimonial en plataformas privadas cuyos alcances futuros todavía no están completamente definidos.
Principios que deben resguardarse
Finalmente, la entidad reafirmó que cualquier sistema de certificación que se implemente debe garantizar principios fundamentales para el sector productivo, entre ellos la protección de la privacidad de los datos, la transparencia respecto de los costos involucrados y la preservación de la competitividad de los productores.
En ese sentido, la Sociedad Rural de Santa Fe ratificó su compromiso de acompañar a los productores en el análisis de las nuevas exigencias comerciales y regulatorias, promoviendo herramientas que aporten previsibilidad, seguridad jurídica y condiciones equitativas para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
